En una misiva que quedará registrada como uno de los episodios más tensos en la historia reciente de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, el embajador Daniel García-Peña dirigió una contundente carta al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, rechazando con firmeza sus declaraciones sobre la situación de violencia en el país. “No aceptamos sus comentarios respecto al presidente Petro”, reza la carta, que se ha convertido en una clara señal de que el Gobierno colombiano no permitirá que se mancille su soberanía ni que se caricaturicen los procesos políticos internos desde otras latitudes.
Todo se desató luego de que Rubio, desde Washington, afirmara que los recientes hechos violentos —incluido el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay— eran el “resultado de la violenta retórica izquierdista procedente de las más altas esferas del Gobierno colombiano”. La frase, cargada de una lectura profundamente ideológica y sin asidero en las investigaciones oficiales, generó indignación tanto en Bogotá como en la Embajada colombiana en EE. UU., que rápidamente movió sus canales diplomáticos para responder.
La primera voz en alzarse fue la de la canciller Laura Sarabia, quien, a través de su cuenta de X, expresó un rechazo categórico a las palabras del secretario Rubio. “Estas declaraciones solo avivan la tensión y profundizan el dolor de nuestro pueblo”, escribió Sarabia, en un mensaje en el que también reclamó sensatez y responsabilidad en el manejo internacional de la tragedia nacional. Su tono fue firme, pero diplomático, apelando a la necesidad de respaldo democrático en lugar de juicios externos que, en lugar de ayudar, enturbian aún más las aguas.
En sintonía con la canciller, García-Peña firmó una carta que bien podría leerse como una pieza de defensa soberana. En ella, el embajador no sólo rechaza las declaraciones de Rubio, sino que le recuerda —con datos y contexto— el compromiso del Gobierno colombiano con la investigación de los hechos que estremecieron al país. Subraya, además, que la administración Petro ha demostrado voluntad institucional y judicial para enfrentar estos desafíos, sin recurrir a discursos que inciten a la violencia, como ha querido sugerir el secretario estadounidense.
“Sus palabras, señor Rubio, desconocen el dolor que compartimos como nación y desvirtúan el esfuerzo democrático que estamos construyendo”, escribe el embajador en un tono sereno pero firme. A lo largo de la carta, se percibe no solo el disgusto oficial, sino también el peso de una relación histórica que no puede seguir sosteniéndose sobre lecturas unilaterales. García-Peña apela a una relación entre iguales, basada en el respeto y la comprensión mutua, no en el tutelaje ideológico.
Este nuevo cruce diplomático se da en medio de un clima enrarecido por la violencia política y los riesgos que corren figuras públicas de todos los sectores. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se ha insistido en que estos hechos deben investigarse sin premisas sesgadas ni lecturas externas que los reduzcan a trincheras ideológicas. Lo que está en juego, parece decir el Gobierno, no es una disputa entre izquierda y derecha, sino la estabilidad misma de la democracia colombiana.
Con esta carta, el embajador García-Peña no solo defiende al presidente Petro, sino que también marca un límite a la injerencia extranjera. En su pluma se condensan décadas de historia, tensiones no resueltas y el deseo de que Colombia deje de ser vista como un peón en el tablero geopolítico de Washington. Una respuesta necesaria, que honra el tono de la diplomacia firme, sin perder la compostura.
