En medio del desplome progresivo del sistema de salud colombiano, la exministra Carolina Corcho reapareció en la esfera pública con declaraciones que buscan eludir la responsabilidad del Gobierno Petro en la crisis que afecta a millones de usuarios. Durante una entrevista con Blu Radio, Corcho aseguró que la debacle actual es el resultado exclusivo de un modelo agotado y de una supuesta asfixia financiera heredada, sin reconocer el impacto de las decisiones tomadas por esta administración en los últimos dos años. Su discurso, sin embargo, se sostiene en afirmaciones imprecisas y datos cuestionables.
Uno de los puntos más controversiales de su intervención fue la interpretación del caso de Ana María Cuesta, la directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, quien falleció esperando un medicamento esencial que debía ser entregado por Famisanar, EPS hoy intervenida. Corcho calificó el hecho como una “muerte evitable”, insinuando negligencia exclusiva del sistema privado. Pero esta lectura omite una verdad incómoda: el Estado también es responsable cuando desmonta sin plan de transición las rutas de atención, como ha ocurrido tras las intervenciones a múltiples EPS.
Más allá de los casos individuales, la exministra erró con cifras que pretendían amplificar la dimensión del supuesto desangre financiero del sistema. Aseguró que la deuda de las EPS con las clínicas y hospitales ascendía a $30 billones, un dato desmentido por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que reportó que para finales de 2024 dicha deuda era de poco más de $20 billones, y que más de la mitad estaba en mora. La diferencia no es trivial: exagerar cifras en medio de una crisis solo alimenta la desinformación.
Tampoco puede pasarse por alto que Corcho defendió la reducción progresiva del margen de gestión financiera de las EPS, una medida que ha sido criticada por expertos en salud pública. Bajo su visión, el sistema debía recentralizarse, recuperando el control directo del Estado. Sin embargo, lo que hoy se observa en la práctica es un escenario en el que cientos de miles de usuarios han quedado sin cobertura efectiva tras las intervenciones, sin que el Gobierno haya logrado implementar una red pública suficientemente robusta para reemplazar a las entidades desmanteladas.
En lugar de asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo, Corcho insistió en que la crisis responde a factores estructurales y a “una campaña de desinformación” contra la reforma frustrada. Pero el deterioro de la red de servicios, los retrasos en pagos a clínicas, y las quejas de usuarios por falta de atención no son percepciones: son realidades verificables, que han escalado durante el mandato de Gustavo Petro. El relato de la exministra, más que un análisis técnico, parece una pieza de defensa política.
Es preocupante que, en medio de una emergencia que afecta el acceso a medicamentos, tratamientos y diagnósticos, los responsables de las decisiones clave opten por distraer la atención con argumentos infundados. En lugar de una rendición de cuentas seria y basada en evidencia, se insiste en construir un relato donde la culpa siempre recae en “los otros”: en los gobiernos pasados, en las EPS, en los medios de comunicación. Pero los datos, tozudos, desmienten ese intento de lavado de manos.
La salud de millones de colombianos no puede quedar atrapada en narrativas ideológicas ni en cálculos políticos. Las falsedades disfrazadas de tecnicismos no salvarán al sistema, ni devolverán la confianza pública. Hoy más que nunca, el país necesita un debate honesto, con información clara y responsabilidad compartida. Porque mientras las cifras se manipulan, las urgencias reales siguen sin respuesta en las salas de espera.
