El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha lanzado una alerta que no deja lugar a dudas: la estrategia fiscal del Gobierno Nacional está en peligro de fracaso. Según el pronunciamiento más reciente de la entidad, la actual senda del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), aunque ambiciosa, es insuficiente para estabilizar la deuda pública en los niveles necesarios. Si la administración de Gustavo Petro no ajusta su rumbo con celeridad, la deuda neta del país podría llegar a un preocupante 64,3% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027, acercándose peligrosamente al límite legal de 71%. Esta cifra no es solo un número; es un reflejo de la vulnerabilidad económica de Colombia, que podría enfrentar una crisis fiscal de proporciones inciertas.
En términos concretos, la advertencia del CARF no es más que un llamado a la acción urgente. La deuda pública, que ha sido uno de los puntos más sensibles en la economía colombiana desde hace años, se encuentra al borde de alcanzar una de sus cotas más altas. Según el Comité, si la administración Petro no implementa ajustes más profundos y rápidos, el país podría ver una serie de consecuencias económicas negativas que afectarían a todos los colombianos. El panorama que se avecina no es alentador: si la deuda continúa su ascenso sin frenos, el Gobierno quedará sin margen de maniobra para tomar medidas ante futuras contingencias económicas, algo que ya no es una mera posibilidad, sino una amenaza palpable.
Uno de los elementos que ha generado controversia es la activación de la «cláusula de escape» de la regla fiscal, una medida que permitirá al Gobierno tener mayor flexibilidad en la gestión del déficit entre 2025 y 2027. Aunque esta cláusula otorga cierto respiro, el CARF ha sido claro al señalar que no debe convertirse en un salvavidas para la gestión fiscal, ya que no resuelve el fondo del problema: el crecimiento desmedido de la deuda pública. De acuerdo con la entidad, el uso de esta cláusula no debe interpretarse como un justificativo para el incumplimiento de la regla fiscal, sino como una herramienta de emergencia ante circunstancias excepcionales. Sin embargo, la excesiva dependencia de este mecanismo podría terminar siendo un riesgo aún mayor a largo plazo.
El Comité también ha subrayado la necesidad de adoptar una estrategia fiscal que busque una reducción del déficit de forma más rápida y efectiva. Si no se toman medidas de ajuste inmediatas, las consecuencias pueden ser severas. A medida que el déficit se prolongue, el ajuste futuro será inevitablemente más doloroso. Las implicaciones no solo afectarían las cifras macroeconómicas, sino también la vida cotidiana de los colombianos. La inflación podría dispararse, el valor del dólar podría alcanzar nuevas alturas, y las tasas de interés internas podrían seguir su espiral ascendente, lo que haría aún más costoso el financiamiento externo. Esta situación generaría una espiral de dificultades económicas que, en última instancia, recaería sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
El riesgo de que las primas de riesgo se disparen, a su vez, incrementa el costo de la deuda externa, un factor que podría asfixiar aún más las finanzas del Estado. En un contexto global incierto, con una inflación mundial al alza y la incertidumbre económica que genera la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas, Colombia no tiene margen para la complacencia. El país depende en gran medida de la confianza internacional para poder financiar sus necesidades, y una caída en esa confianza podría resultar en una crisis financiera sin precedentes. Los efectos de esta crisis serían devastadores no solo para el Gobierno, sino para los hogares colombianos, que verían cómo su poder adquisitivo se desploma en un contexto de recesión económica.
Si bien la administración Petro ha expresado su voluntad de adoptar políticas que promuevan la estabilidad económica y fiscal, los números no parecen estar del lado del Ejecutivo. Los esfuerzos para reducir el déficit son loables, pero la realidad es que aún no son suficientes para evitar que la deuda siga creciendo. El CARF ha dejado claro que la reducción del déficit es una prioridad, pero también ha subrayado que cualquier medida debe ser lo suficientemente ambiciosa para garantizar que la deuda no se convierta en un lastre insostenible. De lo contrario, el país podría enfrentar una década de dificultades económicas, con una deuda que, lejos de ser un problema de corto plazo, se convertiría en una carga estructural que afecta las perspectivas de desarrollo.
Finalmente, la advertencia del CARF debe ser tomada en serio por los actores políticos y económicos del país. Si bien las medidas de ajuste fiscal suelen ser impopulares, la alternativa de continuar con una deuda creciente y un déficit sin control es mucho más peligrosa. El Gobierno, en colaboración con los sectores productivos y las entidades de control fiscal, debe encontrar el equilibrio necesario para hacer frente a este desafío sin hipotecar el futuro de los colombianos. En definitiva, la deuda pública es una espada de Damocles que pende sobre la economía nacional, y el margen de maniobra para evitar que caiga es cada vez más estrecho.
