En un giro importante dentro del panorama político, la bancada del partido Cambio Radical en el Senado, compuesta por 11 congresistas, ha decidido dar un paso al costado y no apoyar la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Esta decisión marca el primer obstáculo significativo para la viabilidad del proceso de participación ciudadana que el Gobierno había propuesto como una herramienta para definir el futuro de sus reformas. La consulta, que requiere la aprobación del Senado, parece encontrar una creciente resistencia en varios sectores del Congreso, poniendo en duda su efectividad y su capacidad para obtener el respaldo necesario.
La bancada de Cambio Radical, representando a una parte significativa de la oposición, argumenta que la convocatoria a la consulta es innecesaria e inconveniente dadas las circunstancias del país. Según los congresistas, el actual contexto social y económico no permite que un proceso de esta magnitud sea viable, especialmente cuando aún existen diferencias sustanciales sobre el contenido y la forma de las reformas propuestas por el Gobierno. En este sentido, Cambio Radical ha decidido no apoyar la consulta, posicionándose como la primera fuerza política en hacerlo y llevando el debate al seno del Senado.
Este rechazo a la consulta no se limita a una postura negativa. Cambio Radical, fiel a su estilo propositivo, ha anunciado que presentará su propio proyecto de reforma laboral en el Congreso. Este nuevo proyecto, según sus líderes, nace de la interpretación del sentir de millones de colombianos que no participaron en las manifestaciones y que, según ellos, no ven con buenos ojos la forma en que el Gobierno plantea las reformas. Este movimiento busca posicionar a Cambio Radical como una alternativa constructiva, dispuesta a abordar las reformas laborales desde una perspectiva que no implique los riesgos y las incertidumbres que, a juicio del partido, trae consigo la consulta popular.
Para el senador Carlos Fernando Motoa, vocero de la bancada, el rechazo a la consulta no es solo una cuestión de conveniencia política, sino una defensa de lo que consideran principios democráticos fundamentales. En sus declaraciones, Motoa argumentó que las preguntas que el Gobierno ha planteado en su propuesta de consulta son «engañosas y tendenciosas». De acuerdo con el congresista, la extensión del cuestionario y la naturaleza de las preguntas, en su mayoría aspiracionales, no proporcionarían un escenario justo para que los opositores al Gobierno puedan competir en igualdad de condiciones.
En este contexto, el discurso de Petro en la Plaza de Bolívar del pasado martes, tildado por algunos como “incendiario”, ha sido citado como un claro ejemplo de la confrontación política que está marcando la actual administración. Para la bancada de Cambio Radical, el tono utilizado por el presidente, sumado a lo que consideran una manipulación de las reformas, desafía no solo al Congreso, sino a los mismos principios democráticos que deberían regir los procesos de participación popular. Esta visión de «polarización» y «descalificación» está generando desconfianza en varios sectores del Senado y fuera de él.
Una de las preocupaciones principales de Cambio Radical, que ha sido sostenida por varios miembros del Congreso, es que la consulta popular no garantizaría una verdadera deliberación democrática, sino que más bien sería una herramienta para consolidar la agenda del Gobierno. Según sus críticos, las reformas propuestas tienen un marcado sesgo político que no se alinea con las necesidades y demandas reales de los colombianos. El temor a que la consulta se convierta en un proceso desinformado o manipulado ha llevado a varios partidos a posicionarse en contra, al menos hasta que se puedan discutir con mayor profundidad las implicaciones de las reformas.
El rechazo de Cambio Radical representa solo el inicio de una serie de desafíos que el presidente Petro podría enfrentar en el Congreso. Con una coalición de oposición sólida que sigue de cerca los movimientos del Gobierno, el camino hacia la implementación de las reformas parece mucho más complicado de lo que inicialmente se anticipaba. Si bien la consulta popular sigue siendo un mecanismo legal, su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para conciliar con un Congreso cada vez más escéptico de sus propuestas.
El futuro de la consulta popular y de las reformas en general está, por lo tanto, en juego. La negativa de Cambio Radical es un claro indicio de que el Ejecutivo tendrá que negociar y ceder en muchos frentes si espera que sus proyectos legislativos avancen. En tanto, la discusión sobre la reforma laboral parece ser solo el comienzo de una batalla más amplia sobre el rumbo que tomará el país en los próximos años. Si bien el diálogo continúa, las líneas de confrontación política se están delineando de manera cada vez más nítida, y los próximos meses podrían ser clave para definir el equilibrio de poder entre el Gobierno y el Congreso en el periodo que se avecina.
