El eco de la administración de Daniel Quintero en Medellín sigue retumbando, esta vez con fuerza desde los despachos de la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público abrió formalmente una investigación disciplinaria contra el exalcalde y su mano derecha, la exsecretaria Privada María Camila Villamizar Assaf, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos fijos de la Alcaldía —conocidos como la caja menor— durante el período 2020-2023. Un capítulo que se suma a la agitada historia reciente de la política paisa y que podría redefinir la figura de quien, hasta hace poco, aspiraba a seguir protagonizando la escena nacional.
El auto, fechado el 1 de julio de 2025, busca esclarecer cómo se gastaron recursos públicos que, por su naturaleza, deben destinarse a gastos menores y urgentes del gobierno local. Sin embargo, el foco está puesto en si dichos fondos fueron usados con criterios administrativos o si, por el contrario, se convirtieron en una vía paralela para financiar favores políticos, campañas veladas o gastos injustificados, como han sugerido denuncias ciudadanas y medios de comunicación desde finales del año pasado.
La investigación no se limita a recopilar papeles. La Procuraduría ordenó una inspección formal en la Alcaldía de Medellín, para recoger toda la documentación asociada a la ejecución de estos recursos. Se espera que ese ejercicio permita trazar con mayor precisión el destino de los dineros públicos y el nivel de responsabilidad que podrían tener Quintero y Villamizar. En el lenguaje técnico del Ministerio Público, se trata de establecer si incurrieron en “faltas disciplinarias”. En el lenguaje ciudadano, se trata de saber si hubo abuso de poder.
El caso no surgió de la nada. Las pesquisas formales comenzaron el 10 de octubre de 2023, cuando la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales fue comisionada para revisar el llamado “escándalo de la caja menor”. Desde entonces, se han venido acumulando documentos, testimonios y alertas que ahora, finalmente, desembocan en una investigación oficial. Para algunos observadores, era cuestión de tiempo. Para otros, se trata apenas de una primera capa de un entramado mucho más complejo.
Daniel Quintero, quien durante su mandato protagonizó enfrentamientos con organismos de control y construyó una narrativa de persecución política, ha dicho en otras ocasiones que todas las acusaciones en su contra hacen parte de una estrategia para silenciar a líderes alternativos. Sin embargo, este nuevo frente disciplinario no proviene de un juzgado, ni de rivales políticos, sino del órgano constitucional encargado de velar por la conducta ética de los servidores públicos. Es decir, no es Twitter el que habla, es la Procuraduría.
María Camila Villamizar, figura central en el círculo de confianza de Quintero, también deberá responder por su papel en la administración de estos recursos. Como secretaria Privada, fue una de las funcionarias con mayor poder operativo dentro del gabinete. El hecho de que su nombre aparezca al lado del del exalcalde en esta investigación habla no solo de posibles omisiones administrativas, sino de una responsabilidad compartida que deberá ser probada o descartada en el curso del proceso.
Mientras tanto, Medellín sigue observando con atención. No es solo el pasado de un gobierno el que se pone en duda, sino la legitimidad de un modelo político que prometió renovación y terminó envuelto en escándalos de contratación, enfrentamientos institucionales y ahora, sospechas sobre el manejo de algo tan aparentemente modesto —pero simbólicamente potente— como una caja menor. Como suele ocurrir en la política colombiana, la magnitud del poder se mide, muchas veces, en los detalles.
