El 18 de marzo, convocado por el presidente Gustavo Petro como un día cívico para movilizar al pueblo en favor de las reformas laborales y de salud, se enfrenta a una fuerte resistencia en varias ciudades del país. Uno de los rechazos más contundentes proviene del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien anunció que la capital no se unirá a la medida. En una postura clara y firme, Galán aseguró que los servicios públicos de la ciudad, así como los colegios, seguirán funcionando con normalidad ese día, destacando que la vida cotidiana de los bogotanos no se verá interrumpida por una convocatoria que, para muchos, se siente más como un acto político que como una verdadera necesidad social.
El alcalde precisó que el martes 18, los 710.000 estudiantes de los colegios públicos de Bogotá asistirán a clases presenciales, con la garantía de la alimentación escolar, y los servicios sociales del Distrito, como los 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, y los centros para adultos mayores y niños con discapacidad, continuarán operando sin cambios. A través de su perfil en la red social X, Galán recalcó que la decisión de mantener la actividad en la ciudad responde al compromiso de la administración con la productividad y el bienestar de todos los ciudadanos, sin que se detenga la maquinaria estatal ni el funcionamiento de las instituciones públicas.
En su intervención, el alcalde también destacó el respeto de su gobierno por el derecho a la protesta pacífica, y señaló que, aunque las actividades en Bogotá seguirán de manera habitual, los equipos de diálogo y convivencia estarán disponibles para garantizar que las manifestaciones se desarrollen en un ambiente de respeto y sin alteraciones al orden público. Los gestores de movilidad y el sistema Transmilenio, añadió, estarán preparados para asegurar la circulación en la ciudad y proteger a aquellos que deseen ejercer su derecho a la manifestación, así como a los que prefieran no participar de las protestas.
La postura de Galán no es única. Alcaldes de otras importantes ciudades del país, como Federico Gutiérrez en Medellín y Jaime Andrés Beltrán en Bucaramanga, también han optado por desmarcarse del día cívico, subrayando que sus ciudades continuarán con sus actividades normales. Este rechazo generalizado pone de manifiesto una tensión creciente entre las autoridades locales y el gobierno central, que busca movilizar a la población para apoyar las reformas que impulsan desde el Palacio de Nariño.
En sus declaraciones, el presidente Petro defendió la convocatoria al señalar que las manifestaciones eran un ejercicio legítimo de la democracia, al tiempo que advirtió que ningún empleador podría despedir a un trabajador por participar en ellas. La advertencia, que se asemeja más a una medida de control social que a un llamado a la unidad, ha generado debate sobre la capacidad del Gobierno para imponer directrices de tal magnitud sobre las regiones, las cuales gozan de un grado considerable de autonomía, especialmente en lo que respecta a la organización del trabajo y la educación.
El desacuerdo con la medida no solo tiene un componente político, sino también práctico. Los alcaldes que se oponen a la decisión de Petro argumentan que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento adecuado de sus respectivas ciudades, y que no es razonable ni justo interrumpir los servicios esenciales bajo el pretexto de una movilización nacional. En ciudades como Bogotá, donde la densidad de población y la diversidad de intereses sociales son altas, mantener el orden y la continuidad de los servicios públicos se presenta como una prioridad inquebrantable.
La postura de Galán, al igual que la de otros mandatarios locales, también refleja una preocupación sobre la posible instrumentalización de los recursos públicos con fines políticos. La convocatoria de Petro, al ser considerada por muchos como un acto que favorece su agenda personalista, ha sido vista con escepticismo, dado que las elecciones presidenciales de 2026 ya empiezan a asomar en el horizonte político del país. De hecho, algunos interpretan esta movilización como un ensayo general de lo que será la campaña electoral en los próximos años, una oportunidad para medir el apoyo popular en las calles, aunque esta lectura no es compartida por todos.
En este contexto, el choque entre el Gobierno central y los gobiernos locales podría ser solo el comienzo de una serie de conflictos que se agudizarán conforme se acerquen las elecciones. La polarización política, que se ha venido acentuando en Colombia, se refleja ahora en este tipo de enfrentamientos, donde los intereses regionales y locales parecen estar en oposición directa con las estrategias nacionales. Con cada ciudad tomando decisiones independientes sobre el día cívico, el país se ve ante un nuevo escenario de disputa política que, de no ser gestionado con habilidad, podría profundizar aún más las divisiones que ya existen entre el centro y las periferias.
El caso de Bogotá, y su rechazo al día cívico, pone de manifiesto cómo los mandatarios locales están cada vez más dispuestos a desafiar al presidente, cuando consideran que sus decisiones no son lo suficientemente justas o pertinentes para las realidades de sus territorios. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la tensión inherente entre el poder central y las autoridades locales, y sobre cómo las decisiones que se toman en el nivel nacional tienen un impacto directo sobre el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos a nivel local. Sin duda, la política colombiana está viviendo momentos decisivos, y la respuesta a este día cívico será solo uno de los muchos capítulos que se escribirán en los próximos años.
