En una carta breve, pero cargada de significado político, la canciller Laura Sarabia presentó su renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro este 3 de julio, en medio de la creciente controversia por el millonario contrato para la elaboración de pasaportes. En su misiva, Sarabia señaló que “en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”. Con estas palabras, no solo dejó el cargo, sino que lanzó un dardo de alto calibre a la forma en que se está manejando la diplomacia en el actual gobierno.
La decisión de Sarabia se produjo tan solo un día después de que Alfredo Saade, jefe de gabinete y de despacho presidencial, la desautoriza públicamente respecto a la licitación para la impresión de pasaportes. En una rueda de prensa cargada de tensión, Saade anunció que, por orden directa del presidente Petro, el proceso será liderado por la Imprenta Nacional en colaboración con Portugal, descartando la continuidad de la unión temporal “Documentos de Viaje 2025”, una decisión que desató una tormenta institucional.
Este giro sorpresivo reabre heridas recientes sobre los métodos de contratación estatal, un tema que ya había generado polémica cuando el proceso original fue declarado desierto en 2023, en medio de sospechas de direccionamiento. Ahora, con la salida de Sarabia, se agudizan las dudas sobre quién realmente toma las decisiones dentro del Gobierno y qué tanto pesan las consideraciones técnicas frente a las directrices políticas.
Laura Sarabia, una figura clave del círculo cercano del presidente, ya había estado en el centro de la controversia nacional durante su paso por la jefatura de gabinete, antes de asumir la Cancillería. Su renuncia representa un terremoto político no solo por el cargo que ocupaba, sino por el simbolismo de su salida: se distancia de un Gobierno del que fue columna vertebral, alegando principios y coherencia, en un momento en que la administración necesita cohesión más que nunca.
Fuentes cercanas a la Casa de Nariño aseguran que la molestia de Sarabia no fue solo por la decisión del contrato, sino por la forma en que fue marginada de un proceso que, por su rol como canciller, le correspondía liderar. La intervención directa de Saade, sin consulta ni respaldo formal de la Cancillería, habría sido la gota que rebasó el vaso. El quiebre, entonces, no es sólo técnico: es profundamente político.
La Cancillería queda ahora sumida en una incertidumbre incómoda. Con retos tan complejos como la implementación de acuerdos bilaterales, la reconfiguración del papel de Colombia en la región y la agenda migratoria en constante tensión, el vacío de liderazgo podría pasar factura en corto plazo. Mientras tanto, los ojos del país y de la comunidad internacional estarán puestos en quién asumirá el timón de una cartera clave para la imagen y el rumbo del Estado.
Gustavo Petro, por su parte, aún no ha hecho una declaración pública sobre la renuncia de Sarabia. La tensión dentro del Ejecutivo es palpable y esta salida desnuda las fracturas internas que comienzan a manifestarse con mayor frecuencia y crudeza. El episodio de los pasaportes, que parecía un trámite burocrático más, se ha convertido en un símbolo del desorden y la puja por el control dentro del corazón del poder. La historia continúa, y su desenlace podría redefinir el rumbo del Gobierno en su tramo final.
