La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó el proyecto de ordenanza 059, que establece una nueva tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana. Con 14 votos a favor y 10 en contra, la medida busca recaudar 1.2 billones de pesos entre 2025 y 2026, un monto que será destinado a financiar proyectos relacionados con la seguridad en el departamento.
La tasa, que afecta a los estratos 4, 5 y 6 de los sectores industrial, comercial, residencial y a entidades públicas, ha generado polémica. Mientras el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona defiende la iniciativa como un paso necesario para fortalecer la convivencia ciudadana, los gremios, comerciantes organizados y líderes políticos han expresado su rechazo. Señalan que este nuevo impuesto podría agravar la situación económica de ciertos sectores y no cuentan con una suficiente socialización ni consenso.
Entre las críticas más fuertes, algunos cuestionan el respaldo político que recibió el proyecto antes de su aprobación. “Yo no he visto, seguramente si lo hay, pero no he visto a ninguno de los 100 alcaldes que, según el gobernador, respaldaron la iniciativa de manera voluntaria en el piso 12”, señaló un líder gremial, poniendo en duda el apoyo real que habría tenido esta medida en el territorio.
El debate sobre la medida sigue dividiendo opiniones en Antioquia. Mientras algunos sectores consideran que la seguridad debe ser prioritaria y que los recursos son necesarios, otros insisten en que la carga impositiva no puede ser la solución. Los gremios han advertido que podrían plantear acciones legales para frenar la implementación del impuesto, abriendo un nuevo capítulo en esta controversia que ya ha encendido los ánimos en el departamento.
