En el corazón del Urabá antioqueño, donde las esperanzas de desarrollo suelen naufragar entre promesas vacías y administraciones fugaces, se ha destapado un escándalo de proporciones inquietantes. Héctor Rangel, exalcalde de Apartadó, fue capturado hace pocos días por su presunta participación en el desvío de más de $3.500 millones del erario municipal. Aunque la Fiscalía solicitó su reclusión inmediata, el Juzgado Primero Municipal de Carepa decidió dejarlo en libertad mientras avanzan las investigaciones. Una decisión que ha generado más preguntas que respuestas en una comunidad que clama por justicia.
La Fiscalía, inconforme con el fallo, apeló de inmediato. Su preocupación no es menor: teme que la libertad del ex mandatario interfiera con el curso de la investigación, que ya ha revelado un entramado de transacciones sospechosas, sin documentos ni soportes legales. Las autoridades identificaron 37 transferencias hechas entre mayo y diciembre de 2024, movimientos que sacaron de las arcas municipales más de $2.280 millones, y que en total superarían los $3.500 millones desaparecidos.
Los dineros salieron sin explicación alguna, como si las cuentas del municipio fueran un cajero privado de fácil acceso para una red de funcionarios y particulares. Ni una resolución, ni un contrato, ni una orden de pago justifican esas transferencias. Lo que sí existe, según la Fiscalía, es un patrón de conducta reiterado, una coreografía financiera ensayada por varias manos: desde la alcaldía hasta el sector privado, pasando por quienes manejaban la tesorería y la contabilidad del municipio.
Los nombres detrás de la trama no sorprende del todo en una región acostumbrada a ver cómo el poder local se convierte en botín político. Además del exalcalde Rangel, figuran en el expediente Luis Arnobio Cuesta Borja, exsecretario de Hacienda; Edison Alberto Mosquera Quinto, ex subsecretario Contable y Financiero; y Cristian Mena Valencia, extesorero del municipio. Junto a ellos, cuatro particulares que habrían sido los receptores o facilitadores del desfalco: Diego Andrés Cardona Doria, Alexander Bolaños García, Ruth Mary Torres Castillo y Diana Marcela Uribe Giraldo.
Lo que más escandaliza no es solo la cifra, sino la velocidad con la que el dinero se evaporó: siete meses bastaron para mover sumas millonarias a cuentas privadas. Un caso que recuerda que el saqueo de lo público no siempre ocurre en la sombra; a veces sucede a plena luz del día, disfrazado de trámites administrativos que nadie vigila, en municipios donde la debilidad institucional es terreno fértil para la corrupción.
La Fiscalía insiste en que existen riesgos claros de obstrucción a la justicia. No solo por el poder que aún podría conservar Rangel en los círculos políticos locales, sino porque muchos de los implicados, pese a haber dejado sus cargos, podrían alterar pruebas o intimidar testigos. Por eso considera urgente revertir la decisión judicial que lo dejó en libertad, mientras se formalizan las imputaciones.
La comunidad de Apartadó, por su parte, observa con desconfianza el curso de la justicia. No es la primera vez que ve pasar a sus mandatarios del poder al banquillo, y no será la última si no se rompen los pactos de impunidad que parecen proteger a quienes deberían proteger los recursos del pueblo. El caso de Rangel y su administración es una advertencia: cuando el Estado baja la guardia, el crimen de cuello blanco se disfraza de gestión pública. Y siempre, el que paga es el ciudadano común.
