La nueva tasa especial de seguridad en Antioquia comenzó a llegar, esta semana, a los hogares y empresas del departamento. Un total de 550.000 facturas fueron distribuidas a través de los 125 municipios de la región, marcando el inicio del cobro físico del impuesto que rige desde el pasado 1 de enero. Este tributo, que ha generado tanto apoyo como rechazo, refleja la complejidad de las políticas fiscales regionales y el desafío de implementar medidas que busquen la seguridad en un contexto de diversidad y tensiones políticas.
El cobro de esta tasa, que en principio fue liquidado digitalmente por algunos contribuyentes desde meses atrás, llega ahora con los correspondientes pagos del primer trimestre de 2025. La medida, en principio, tiene como objetivo fortalecer la seguridad en Antioquia, una región que ha tenido históricamente desafíos en este ámbito. Sin embargo, la aplicación de esta nueva tarifa ha sido objeto de múltiples controversias y ha encendido un debate sobre su legalidad y su impacto en la economía local.
La Secretaría de Hacienda de Antioquia, encargada de la distribución de las facturas, ha respondido a las inquietudes generadas por la implementación de la tasa. María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la entidad, defendió la legalidad del cobro y aseguró que el proceso sigue su curso, a pesar de las demandas interpuestas en su contra. Según Escobar, no existen elementos que puedan frenar el cobro, ya que, hasta el momento, los tribunales no han adoptado medidas cautelares que detengan el proceso.
Sin embargo, las demandas, que ya suman al menos cinco, mantienen una sombra de incertidumbre sobre la tasa de seguridad. En particular, la controversia se centra en la constitucionalidad del impuesto, que algunos sectores consideran excesivo e injustificado. El diputado Luis Peláez Jaramillo, quien ha sido uno de los principales críticos de la tasa, demandó el proyecto de ordenanza que la creó, lo que ha dado pie a una revisión por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. La resolución de estas disputas legales podría tener repercusiones en la continuidad del cobro.
El gobierno departamental se mantiene firme en su posición. «Estamos completamente seguros de que la tasa no se caerá, y su implementación continuará», declaró Escobar Mejía. Según la funcionaria, el cobro sigue siendo legal, y no existe razón para detenerlo. Las demandas presentadas, aunque múltiples, no han resultado en decisiones judiciales que frenen el proceso. Esto ha sido un alivio para las autoridades locales, que están comprometidas con la financiación de medidas de seguridad pública mediante los recursos obtenidos de esta nueva carga tributaria.
Por otro lado, la medida ha despertado una división entre los ciudadanos y los sectores políticos del departamento. Mientras que algunos defienden la tasa como una herramienta necesaria para mejorar la seguridad, otros la consideran un impuesto adicional que sobrecarga la ya compleja situación económica de muchas familias y empresarios en Antioquia. La falta de consenso sobre el propósito y la justificación de esta tasa genera incertidumbre sobre su efectividad y su aceptación a largo plazo.
Además, la implementación de esta tasa llega en un contexto más amplio de reformas fiscales a nivel nacional, lo que ha generado un ambiente de preocupación entre los contribuyentes. En un país con altos niveles de informalidad y grandes disparidades económicas entre sus regiones, este tipo de medidas pueden tener efectos diferentes según el contexto local. La transparencia y la rendición de cuentas sobre cómo se utilizan estos recursos serán factores clave para que la tasa de seguridad logre su propósito sin generar un rechazo mayor.
En este escenario, la Gobernación de Antioquia sigue trabajando para asegurar que el cobro continúe sin tropiezos, mientras mantiene un ojo sobre los desarrollos legales que podrían alterar su implementación. Lo que está claro es que, independientemente de los retos legales, el futuro de esta tasa dependerá de su capacidad para demostrar su efectividad en mejorar la seguridad en el departamento, y de la aceptación que logre entre los antioqueños
