La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente al Gobierno Nacional para que actúe de manera decidida ante la grave crisis humanitaria que se registra en el norte de Antioquia, donde más de 2.000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la intensificación del conflicto armado entre grupos ilegales. El epicentro de esta nueva emergencia se encuentra en los municipios de Briceño, Anorí y Tarazá, territorios históricamente golpeados por la violencia y que hoy enfrentan un nuevo capítulo de terror y abandono.
Desde el pasado 19 de octubre, al menos 2.081 personas, habitantes de 23 veredas del municipio de Briceño, se han visto obligadas a huir en medio del fuego cruzado que sostienen las disidencias del Frente 36 de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN. La situación ha encendido las alarmas de las autoridades y organizaciones humanitarias, que han advertido sobre la precariedad en la atención a las víctimas y el riesgo de que la crisis se expanda a otros territorios vecinos.
La Defensoría señaló que esta situación no es nueva. Desde 2019, la entidad había documentado un patrón creciente de violencia que incluía desplazamientos forzados, confinamientos, uso de explosivos y homicidios selectivos. A pesar de las advertencias, las medidas preventivas han sido insuficientes y las comunidades siguen atrapadas entre actores armados que disputan el control territorial sin que el Estado logre garantizar su protección.
En Briceño, una zona estratégica del norte antioqueño, la presencia de grupos armados ilegales ha sido una constante durante décadas. Primero fueron las FARC, ahora transformadas en disidencias, quienes volvieron a ocupar el territorio tras la firma del acuerdo de paz de 2016. A ellas se suman el Clan del Golfo y el ELN, que buscan el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal que atraviesan el corazón del departamento.
De acuerdo con la Policía de Antioquia, la reciente ola de desplazamientos estaría siendo promovida directamente por las disidencias del Frente 36, que estarían utilizando las confrontaciones armadas como una estrategia para forzar la entrada del Ejército a la zona, generando así una confrontación abierta con sus enemigos del Clan del Golfo. “Es un constreñimiento intencional para desestabilizar el territorio y manipular la presencia estatal”, explicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de esa unidad policial.
Esta disputa territorial se centra, entre otros puntos, en el control del río Cauca, una arteria fluvial clave para el transporte de drogas y oro extraído de manera ilegal. Los corredores que conectan las subregiones del Bajo Cauca y Urabá se han convertido en trofeos de guerra para estos grupos, que avanzan sin tregua dejando a su paso comunidades enteras desarraigadas, aterradas y silenciadas por el miedo.
Mientras tanto, la respuesta institucional ha sido limitada. La Defensoría urgió al Ejecutivo a desplegar una acción coordinada e integral que combine presencia militar, pero también inversión social y atención humanitaria. “No se puede seguir abordando esta crisis solo desde el lente de la seguridad. Las comunidades necesitan garantías de retorno digno, acceso a salud, educación y justicia”, recalcó el organismo.
El drama de Briceño, Anorí y Tarazá es una nueva muestra de que la guerra no ha terminado para muchas regiones del país. En los territorios donde el Estado ha sido históricamente débil o ausente, la paz es aún una promesa lejana. Hoy, mientras más de dos mil personas duermen fuera de sus hogares, esperando auxilio y protección, el país se enfrenta una vez más al desafío de no repetir los errores del pasado.
