La salud en Antioquia vive hoy una emergencia silenciosa, una crisis que ha ido creciendo en silencio hasta convertirse en una amenaza estructural. Más de la mitad de los 6,8 millones de afiliados en el departamento están en manos de EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, y los síntomas son cada vez más graves: urgencias colapsadas, escasez de medicamentos, demoras en citas y procedimientos, y un sistema hospitalario que se ahoga en deudas impagables. Lo que empezó como una promesa de salvación estatal, hoy se asemeja más a una condena sin salida para cerca de 3,3 millones de antioqueños.
El corazón de la tormenta lo ocupan Savia Salud y la Nueva EPS, dos entidades que concentran millones de usuarios y que están bajo la lupa por sus bajos indicadores de servicio y sostenibilidad financiera. Mientras Savia ajusta dos años bajo intervención sin mostrar mejoras sustanciales, la Nueva EPS enfrenta una avalancha de reclamos de pacientes que no logran acceder a servicios esenciales. La Personería de Medellín alertó en abril sobre el deterioro, y las cifras no dan tregua: Antioquia vive una de las crisis sanitarias más profundas de su historia reciente.
El impacto se siente con fuerza en las salas de espera, en los pasillos llenos de camillas, y en las farmacias donde los pacientes, con fórmulas en mano, aguardan por medicamentos que no llegan. Lo que antes eran fallas ocasionales se ha convertido en la rutina diaria: médicos que deben improvisar tratamientos, pacientes que acuden a la tutela como única vía para recibir atención, y hospitales que operan con los números en rojo. En el terreno, el discurso del Gobierno Nacional choca con una realidad mucho más dura.
El efecto dominó que ha generado la intervención de estas EPS no solo afecta a los usuarios, sino que tiene en vilo a la red hospitalaria del departamento. Clínicas y hospitales, que históricamente han mantenido a flote al sistema con recursos propios o créditos bancarios, hoy ven crecer sin freno las deudas de las EPS intervenidas. El caso del hospital San Vicente Fundación es revelador: su cartera con estas entidades creció un 53% solo en lo que va de 2024. Es una asfixia económica que amenaza con paralizar la atención.
“No es nuevo, pero ahora es insostenible”, asegura uno de los directivos del sector hospitalario. “Los hospitales nos estamos quedando sin oxígeno. Y el oxígeno son los recursos”. Sin flujo de caja, sin pagos oportunos, las instituciones médicas se ven obligadas a reducir servicios, aplazar procedimientos y, en los casos más críticos, despedir personal. La crisis, que se esconde en informes técnicos, se traduce en vidas humanas colgadas de una cadena que se desgasta a diario.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, elevó la voz en nombre de una ciudad en vilo. En una acción popular presentada contra el Gobierno Nacional, adjuntó reportes financieros alarmantes sobre la situación de las principales entidades prestadoras del Distrito. No se trata de una disputa política, dice, sino de una urgencia humanitaria. Y aunque sus advertencias retumban en Bogotá, la respuesta del Gobierno ha sido lenta y difusa, como si la gravedad del asunto no hubiera llegado aún a Palacio.
Hoy, Antioquia es el espejo roto del sistema de salud colombiano. Lo que ocurre en sus hospitales y EPS refleja lo que podría suceder a escala nacional si no se corrigen los errores de una intervención sin resultados. Los ciudadanos no esperan milagros, pero sí merecen un sistema que funcione, que cure, que proteja. Cada día que pasa sin decisiones claras es un día en que la salud se deteriora, no por enfermedad, sino por abandono.
