El Consejo de Estado, a través de su Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, admitió el estudio de una demanda contra el antioqueño Alejandro Toro Ramírez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. La demanda surge por la presunta ejecución de un contrato con el Estado durante el periodo de la ley de garantías.
El contrato en cuestión fue suscrito con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y ejecutado por la corporación Avanti, de la cual Toro era representante legal en ese momento.
De acuerdo con el veedor ciudadano, Daniel Salazar, la evidencia muestra que Toro Ramírez firmó y ejecutó el contrato durante su periodo preelectoral, lo que podría constituir una supuesta inhabilidad que pondría en riesgo su investidura como representante. Aunque Toro renunció a la representación legal de la corporación antes de postularse al Congreso, la documentación sugiere que continuó participando activamente en la ejecución del contrato, dictando charlas y utilizando imágenes de sí mismo para demostrar el cumplimiento del acuerdo.
Toro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado e indicó que está acción hace parte de una persecución política orquestada por personas cercanas al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
