Faltan apenas tres semanas para que entre en vigor la reforma pensional en Colombia y, aunque el Gobierno insiste en que todo está listo para su aplicación, el panorama dista mucho de ser claro. A partir del 1º de julio, comenzará a operar un nuevo modelo estructurado en cuatro pilares, que busca reorganizar la manera en que los colombianos cotizan y acceden a su pensión. Sin embargo, los vacíos normativos, la falta de reglamentación específica y una revisión constitucional en curso siembran serias dudas sobre la viabilidad inmediata del nuevo sistema.
En la Corte Constitucional reposan cerca de 40 demandas que cuestionan tanto la forma como el fondo de esta reforma, algunas de ellas por presuntos vicios de trámite y otras por posibles contravenciones al espíritu de la Carta Magna. La Corte tiene hasta septiembre para emitir un fallo definitivo, lo que plantea un escenario delicado: la reforma entraría en vigencia sin que su validez jurídica esté del todo garantizada. Una especie de salto al vacío institucional, donde el país podría despertarse un día con un modelo pensional en marcha que, semanas después, sería declarado nulo.
Y ese no es un asunto menor. Si el alto tribunal determina que la reforma es inconstitucional, puede adoptar dos caminos: aplicar un efecto ex tunc, que la anularía retroactivamente como si nunca hubiera existido, o un efecto ex nunc, que mantendría su validez hasta el momento del fallo, suspendiendo su aplicación en adelante. Ambas decisiones tienen consecuencias complejas. La primera borraría de un plumazo los actos administrativos y transacciones ya realizadas bajo el nuevo modelo. La segunda obligaría al Congreso a legislar nuevamente, pero sin deshacer lo ya implementado.
Mientras tanto, el sector privado y los operadores del sistema, como Colpensiones y los fondos de pensiones privados, navegan en aguas turbias. Sin normas reglamentarias claras, deben prepararse para ejecutar una reforma cuyos detalles aún no están completamente definidos. No es solo una cuestión de voluntad política o administrativa: la migración tecnológica, los ajustes en cálculos actuariales, la redefinición de beneficios y la transición de millones de afiliados requieren certezas jurídicas, no declaraciones de intención.
El Gobierno ha insistido en que la reforma busca justicia social y sostenibilidad fiscal. Y en el papel, el modelo de pilares —solidario, semi contributivo, contributivo y voluntario— parece responder a décadas de exclusión y fragmentación del sistema. Pero en la práctica, la falta de claridad sobre el funcionamiento de cada pilar, especialmente en los segmentos de transición, puede provocar no solo confusión, sino un verdadero caos operativo en los primeros meses.
Una de las preocupaciones más serias es qué pasará si la Corte tumba la norma luego de su implementación. Las entidades administradoras deberán desmontar lo construido en tiempo récord, calcular semanas cotizadas, ajustar edades de jubilación y revertir beneficios otorgados. No se trata solo de mover cifras: es la vida de millones de trabajadores y jubilados lo que está en juego. El costo económico y reputacional de tal marcha atrás podría ser tan alto como el que se quiso evitar con la reforma.
En el fondo, lo que queda claro es que la reforma pensional ha sido tratada más como un proyecto político que como una política pública de largo aliento. A tres semanas de su arranque, su futuro depende de una decisión judicial y su presente está atado con hilos normativos que aún no se han tejido. Mientras tanto, los colombianos asisten con desconcierto a una transformación de la que todos hablan, pero que pocos, en realidad, entienden del todo.
