Después de más de veinte años sin pisar su tierra natal, el regreso de Salvatore Mancuso a Montería seguirá siendo, por ahora, una posibilidad remota. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ratificó esta semana la prohibición que impide al exjefe paramilitar retornar no solo a Córdoba, sino a otros ocho departamentos en los que su figura sigue representando un símbolo del horror. La decisión, enmarcada en los principios de reparación y garantías de no repetición, reafirma que la justicia transicional no puede permitir que las geografías del dolor se conviertan nuevamente en escenarios de impunidad simbólica.
Desde su desmovilización y posterior extradición a Estados Unidos, Mancuso ha estado ausente de los territorios donde su nombre fue sinónimo de muerte. Su retorno a Colombia en 2023, tras cumplir una condena de 18 años, reactivó el temor en las comunidades que sobrevivieron a las masacres, desplazamientos forzados y desapariciones que él comandó. Para las víctimas, muchas de las cuales aún buscan a sus familiares en fosas comunes o luchan por reconstruir sus vidas, la sola idea de verlo caminar por las calles de Montería era una afrenta.
No en vano, cuando se le concedió la libertad condicional, la jurisdicción de Justicia y Paz impuso una serie de condiciones estrictas: entre ellas, la prohibición de regresar a los lugares donde ejerció su dominio como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ahora, al pedir el levantamiento de esa medida, su defensa argumentó razones de salud. Pero el tribunal fue claro: no hay evidencia suficiente que justifique el cambio de domicilio a Montería, y menos aún si eso implica revictimizar comunidades que aún no han sanado.
La magistrada Alexandra Valencia Molina, encargada de estudiar la solicitud, fue enfática al señalar que la presencia de Mancuso en esos territorios es incompatible con la búsqueda de justicia y la consolidación de la paz. “La llegada de Mancuso a los territorios donde tuvo injerencia como paramilitar no es conveniente para las víctimas”, advirtió la jueza. Su dictamen no solo reafirma la prohibición sobre Córdoba, sino que la amplía a departamentos como Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander, así como a cinco municipios del norte de Antioquia donde también operaron sus estructuras.
No se trata de una condena eterna al destierro, sino de una medida de protección para quienes ya vivieron demasiado. El tribunal incluso dejó abierta la puerta para que, de forma excepcional y bajo vigilancia judicial, Mancuso pueda ingresar temporalmente a estas zonas, pero únicamente con autorización expresa. Así, la justicia intenta equilibrar derechos fundamentales con las responsabilidades que exige una transición basada en el reconocimiento del daño causado.
El argumento de su defensa, basado en necesidades médicas, no logró soportarse en evidencia concreta. Bogotá, donde hoy reside, cuenta con una red hospitalaria que desvirtúa cualquier supuesta desventaja frente a Montería. En ese sentido, la solicitud parecía más un intento de recuperar el territorio simbólico del poder que una necesidad real. Y esa pretensión choca de frente con el deber del Estado de no permitir que antiguos victimarios encuentren comodidad donde antes sembraron terror.
La decisión judicial marca un precedente importante: la libertad condicional de los excombatientes no puede traducirse en una carta blanca para regresar al escenario de sus crímenes. En un país donde la memoria aún es campo de batalla, impedir que Mancuso vuelva a sus antiguos dominios no es un castigo desproporcionado, sino una medida mínima de respeto hacia las víctimas. Porque, como lo recuerda la historia reciente, la paz no es solo el silencio de las armas, sino también la dignidad de quienes sobrevivieron
