El proceso judicial que hoy inicia contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero marca el comienzo de una etapa decisiva en uno de los expedientes más espinosos de los últimos años: el caso Aguas Vivas. A las 3:00 p.m. Está prevista la audiencia de acusación, un acto procesal que definirá el rumbo de un juicio cargado de expectativas políticas y jurídicas. En el centro del expediente aparece un predio que, pese a estar registrado como bien público, terminó en el corazón de una millonaria reclamación contra el Distrito.
La controversia se originó en un derecho de petición radicado por funcionarios de la administración anterior. Ese documento, aparentemente de trámite, terminó convertido en pieza clave de la narrativa con la que algunos particulares —hoy acusados— intentaron justificar una reclamación cercana a los $53.000 millones. Para la Fiscalía, dicho escrito alimentó las pretensiones de quienes buscaban apropiarse de recursos públicos bajo el argumento de una supuesta afectación del predio Aguas Vivas.
Entre los trece acusados figuran nueve exfuncionarios de la administración de Quintero, señalados por presunto interés indebido en la celebración de contratos. Sus nombres incluyen antiguos secretarios, subsecretarios y directores de áreas estratégicas del gobierno local, cuya actuación, según la Fiscalía, habría sido determinante para allanar el camino de la reclamación. El expediente sugiere que las decisiones administrativas no solo fueron irregulares, sino que pudieron favorecer a terceros.
La investigación también cobija a particulares, entre ellos los representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, además de un socio minoritario del proyecto Aguas Vivas. Para ellos, la Fiscalía formuló cargos por posible peculado, señalando que se habrían beneficiado de actos administrativos presuntamente contrarios a la ley. Esta vertiente privada del proceso es clave porque revela cómo convergieron intereses públicos y privados en un mismo propósito.
En el escrito de acusación, la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción incluyó un voluminoso paquete probatorio compuesto por 3.930 documentos. Se trata de correos, informes periciales, inspecciones judiciales, fotografías, planos y otros soportes que, según la acusación, delinean una ruta crítica que se fue trazando al interior de la administración municipal. Ahí reposan también los informes técnicos de carrera administrativa que desaconsejan de manera explícita una conciliación con los propietarios del predio.
Esos conceptos técnicos, ignorados en su momento, podrían convertirse en uno de los elementos más contundentes del juicio. Sus autores advirtieron que la conciliación no solo era improcedente, sino que desconocía la naturaleza pública del predio. La insistencia en avanzar pese a esas alertas es una de las líneas que la Fiscalía buscará demostrar como indicio de actuaciones concertadas para favorecer a los reclamantes.
A medida que se instala la audiencia, surgen preguntas sobre la posibilidad de que el juicio derive en nuevas investigaciones o procesos paralelos. Algunas fuentes cercanas al expediente aseguran que existen actuaciones y comunicaciones no incorporadas formalmente a la acusación, pero que podrían abrir nuevas líneas de indagación. En un caso tan sensible, cualquier omisión despierta inquietudes sobre la dimensión completa de lo ocurrido.
Lo cierto es que el juicio que inicia hoy no solo pone bajo la lupa a un exalcalde y a un grupo de exfuncionarios, sino que también examina la fragilidad de los procedimientos administrativos cuando estos se convierten en terreno fértil para disputas millonarias. Aguas Vivas ya no es solo un predio: es el símbolo de un pulso político, jurídico y ético que Medellín deberá observar con atención en los próximos meses.
