En la Universidad de Antioquia, la discusión es una forma de respiración: aparece, se transforma y se instala en los corredores aún antes de que un proyecto tome forma definitiva. En medio de la incertidumbre presupuestal que amenaza el normal funcionamiento de la institución, un nuevo frente de debate se abrió alrededor de la propuesta para modificar el Estatuto General, una discusión que empezó silenciosa y terminó encendiendo una tormenta.
Los primeros indicios surgieron en redes sociales hacia finales de octubre, cuando comenzaron a circular mensajes que denunciaban un borrador de reforma impulsado por la administración universitaria. Según las publicaciones, ese primer documento abría la puerta a la reelección indefinida y ampliaba el periodo del rector y los decanos, una idea especialmente controversial en un momento en que algunos sectores venían pidiendo la renuncia del rector Jhon Jairo Arboleda debido a la crisis financiera que atraviesa la institución.
Las críticas no se quedaron solo en lo administrativo. Los mensajes también afirmaban que la propuesta buscaba restar peso a las consultas multiestamentarias —un mecanismo tradicional que ha servido como brújula para la elección de directivos— quitándoles su carácter decisorio. La designación del rector quedaría así concentrada en el Consejo Superior Universitario (CSU), una movida que, según representantes del profesorado, tenía como efecto blindar a la actual cúpula directiva.
Para los docentes, la sola idea de limitar la incidencia de esas consultas atentaba contra el espíritu democrático que ha sostenido la gobernanza universitaria durante décadas. En una declaración que rápidamente circuló entre facultades y asambleas, aseguraron que la reforma “no enriquece el gobierno universitario” y que su propósito era imponer un control absoluto desde la rectoría, por lo que llamaron a la comunidad a rechazarla de manera contundente.
La presión de profesores, estudiantes y egresados no tardó en surtir efecto. El texto preliminar que había generado el revuelo fue retirado casi de inmediato. Ante la tensión, el propio CSU decidió conformar un grupo de profesores para reescribir la iniciativa desde cero, en un ejercicio de mayor apertura y participación. La profesora Duque, una de las voces visibles del proceso, explicó que la propuesta inicial era regresiva y desconocía avances logrados en otras universidades públicas en las que las consultas son vinculantes.
Mientras las aguas se agitaban, la administración central de la Universidad defendió la necesidad de actualizar normas que, en algunos casos, datan de antes de la Ley 30 de 1992. David Hernández, secretario general, insistió en que el Estatuto General y otros reglamentos internos ya no reflejan las dinámicas contemporáneas de la institución y requieren una modernización profunda para responder a los desafíos actuales.
Hernández también sostuvo que el CSU había solicitado expresamente avanzar en propuestas de reforma y que el documento publicado era apenas un punto de partida para la deliberación académica. Negó, asimismo, que se tratara de un intento por perpetuar a los actuales directivos, recordando que el borrador proponía un periodo de cuatro años con posibilidad de una sola reelección, en contraste con los tres años actuales.
Otro elemento clave en su defensa fue la vigencia diferida de la reforma: de haberse aprobado, no cobijaría a la actual administración sino que aplicaría a partir de 2027, una señal, según él, de que no existía intención inmediata de modificar el actual equilibrio de poderes.
Aunque el texto inicial se desvaneció del escenario, el debate que despertó sigue más vivo que nunca. El interés por definir hasta dónde llega la participación de la comunidad académica, y cómo debe funcionar la democracia universitaria en tiempos de crisis, se transformó en el nuevo eje de discusión.
Así, mientras la Universidad de Antioquia sigue sorteando dificultades financieras, la conversación sobre su estructura de gobierno vuelve a encender pasiones y plantea una pregunta que no es menor: ¿qué tipo de universidad quiere ser la U. de A. en los próximos años? La respuesta, como casi siempre en su historia, nacerá del debate.
