Después de dos décadas bajo la operación de UNE, Medellín se prepara para un giro profundo en la manera de gestionar su sistema de fotodetección. A partir del 1 de enero de 2026, la Alcaldía asumirá por completo la operación de las cámaras que registran infracciones de tránsito. El cambio no solo implica un nuevo operador, sino también una nueva filosofía: pasar de la sanción a la prevención. Así lo anunció el alcalde Federico Gutiérrez, al prometer que “no habrá más cámaras trampa” en la ciudad.
El cambio se da tras la finalización del convenio de concesión 5400000003 de 2006, que otorgaba a UNE la administración del sistema de fotomultas. Este contrato, vigente desde el 1 de enero de 2006, incluyó en 2011 la gestión de las fotodetecciones y se mantuvo durante 20 años. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2025 marcará su final definitivo. Desde el día siguiente, la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) asumirá el control del sistema, sumando esta labor a las más de 3.200 cámaras de seguridad y 120 de reconocimiento de placas que ya operan en el territorio.
Aunque algunos ciudadanos interpretaron el anuncio como el fin de las fotomultas, la administración distrital ha sido enfática: las cámaras seguirán funcionando. Lo que cambia es el enfoque. “Queremos salvar vidas, no recaudar dinero”, insistió Gutiérrez. Según el mandatario, la prioridad será la pedagogía, la información y la prevención de infracciones, de modo que “quien sea sancionado, será porque quiso”.
El traspaso a la ESU se hará mediante un convenio interadministrativo, el cual —según la Alcaldía— ya fue verificado y cuenta con todas las garantías legales. De esta manera se busca evitar futuras controversias jurídicas, como las que en años anteriores han rodeado a otros sistemas de fotodetección en Colombia. La municipalidad promete que el proceso será transparente y que los recursos recaudados por sanciones se quedarán en el Distrito para fortalecer programas de seguridad vial.
Uno de los cambios más visibles será la nueva señalización. Desde el primer día de 2026, cada punto con cámaras de fotodetección contará con avisos a 200 y 100 metros de distancia, tanto en los costados de las vías como en el suelo. Además, se instalarán pasacalles y señales verticales que advertirá claramente la presencia de los dispositivos. “La idea es que nadie caiga por sorpresa; queremos eliminar por completo la sensación de cámaras trampa”, explicó el alcalde.
Estas medidas buscan que los conductores adopten comportamientos responsables: reducir la velocidad, respetar los semáforos y cumplir con la normativa de pico y placa. También se verificará el cumplimiento de los requisitos obligatorios como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la Revisión Técnico-Mecánica (RTM). Las cámaras, fijas y móviles, estarán ubicadas en los puntos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que regula este sistema a nivel nacional desde 2018.
Otro de los pilares de la nueva estrategia será la integración tecnológica con el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Gracias a esta articulación, los conductores recibirán alertas preventivas hasta un mes antes del vencimiento de su Soat o revisión técnico-mecánica, con el fin de evitar sanciones. Se enviarán varios recordatorios antes de la fecha límite, en una apuesta por fortalecer la cultura ciudadana en materia de movilidad.
Con esta transición, Medellín busca recuperar la confianza de sus ciudadanos en el sistema de control vial. Tras años de críticas y percepciones de abuso, la Alcaldía promete que el nuevo modelo será más justo, pedagógico y transparente. En palabras del alcalde Gutiérrez, “no se trata de atrapar infractores, sino de construir una ciudad más segura y consciente en sus vías”.
