En medio de una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años, la Fiscalía General de la Nación parece operar con una lentitud desconcertante. Desde que Luz Adriana Camargo asumió la dirección del ente acusador, los avances en investigaciones clave han sido escasos, mientras que su gestión ha estado marcada por una llamativa distancia del acontecer nacional. Mientras el país se estremece por asesinatos, atentados y escándalos judiciales, la fiscal general ha optado por un silencio intercontinental que preocupa tanto como indigna.
Camargo se tomó un periodo completo de vacaciones en Estados Unidos justo cuando estallaba episodios de violencia extrema en el suroccidente del país. No estuvo en territorio nacional cuando explotó un camión bomba en Cali, ni cuando grupos armados sitiaron a comunidades del Cauca, dejando como saldo secuestros masivos y un temor colectivo que se sigue respirando. Su ausencia, en tiempos donde el liderazgo judicial debería ser visible y firme, fue más que simbólica: fue un acto de desconexión institucional.
El panorama criminal es desolador. Las cifras de homicidios siguen en aumento, los atracos a mano armada son el pan de cada día en Bogotá y otras ciudades, y las extorsiones orquestadas desde las cárceles no dan tregua. En lo que va de 2025, más de 500 mujeres han sido asesinadas en feminicidios, mientras que el sicariato cobra vidas con la impunidad de siempre. A ese escenario trágico se suma el reciente asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorién Jiménez, y, más aún, el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe, a manos de un menor de 15 años.
En este contexto, la inercia de la Fiscalía es alarmante. No hay resultados tangibles ni avances significativos en el esclarecimiento del crimen de Uribe, pese a su gravedad política y social. La falta de información, de ruedas de prensa, de gestos institucionales contundentes, ha convertido la investigación en un laberinto sin salida aparente. El silencio de Camargo, en este caso particular, refuerza la percepción de una entidad más preocupada por su burocracia interna que por su misión constitucional.
Tampoco estuvo la fiscal cuando se conoció una nueva imputación contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, por presuntas irregularidades en contratos de fundaciones por cerca de 3.000 millones de pesos. Aunque la fiscal Lucy Laborde tomó la decisión de manera autónoma, la Fiscalía respondió con una sorpresiva resolución que designó a una “fiscal de apoyo” para el caso. Un movimiento administrativo que, lejos de fortalecer la investigación, dejó la sensación de un intento de vigilancia —o incluso de interferencia— sobre una funcionaria que tomó decisiones delicadas contra una figura políticamente sensible.
Este tipo de actuaciones refuerzan la imagen de una Fiscalía que avanza al ritmo de sus propios intereses, no del clamor ciudadano. Mientras la violencia escala y los escándalos crecen, las decisiones institucionales parecen más preocupadas por las formas internas que por el fondo de las investigaciones. No se percibe una estrategia coherente ni un liderazgo que asuma con firmeza el reto de enfrentar el crimen y la corrupción en todas sus dimensiones.
El país necesita una Fiscalía presente, técnica, transparente y sobre todo confiable. Lo que hoy se percibe, en cambio, es una institución fragmentada, en modo avión y cada vez más ajena a los dramas que afectan a millones de colombianos. La justicia, como la esperanza, no puede darse el lujo de viajar cuando más se le necesita.
