En una Corte Constitucional donde el derecho y la política suelen rozarse con la precisión de un bisturí, ha sido designado el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar como ponente del expediente que definirá el destino del polémico Decreto 0639. Con este acto jurídico, el presidente Gustavo Petro convocó, el pasado 11 de junio, a una consulta popular de alcance nacional. Y ahora, bajo la lupa de la alta corte, esa decisión será analizada en el más fino de los escrutinios: el del control constitucional.
La asignación no es menor. Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte, asumirá la delicada tarea de revisar si dicho decreto cumple con los preceptos de la Carta Magna y si la convocatoria se ajusta a los límites del poder presidencial. Fue durante la sesión de Sala Plena donde, por sorteo, le fue encargado este expediente que, sin duda, marcará uno de los debates jurídicos más trascendentales del año. A partir de ahora, el magistrado podrá ordenar pruebas, solicitar conceptos técnicos y jurídicos, y redactar una ponencia que será discutida por los otros ocho togados del tribunal.
El proceso ya comenzó. La noche del pasado miércoles, el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo, envió el documento del decreto a la Corte, sellando así el inicio del trámite constitucional. Lo hizo mediante un correo electrónico dirigido a Ibáñez Najar con un asunto que no deja margen para la interpretación: “Remisión – Decreto 639 del 11 de junio de 2025, por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones”. Una notificación que, aunque administrativa, lleva consigo el peso de una bomba jurídica en ciernes.
En el texto enviado, Ocampo invocó el artículo 241 de la Constitución, que otorga a la Corte la competencia de revisar las normas con fuerza de ley, y el artículo 7 del mismo decreto, que obliga a someterlo a control constitucional antes de su ejecución. Como dato curioso y no menor, el mismo Ocampo firmó el decreto en calidad de ministro de Justicia encargado, una figura que ha despertado cuestionamientos entre expertos sobre la legalidad del procedimiento y la solidez del acto administrativo.
La consulta popular convocada por Petro busca recoger la opinión del pueblo en temas sociales y económicos que el Gobierno considera bloqueados por lo que ha llamado “resistencias del sistema”. Sin embargo, para muchos, se trata de una jugada arriesgada que podría bordear los límites institucionales si se percibe como un mecanismo para sortear al Congreso. Por eso, el papel de Ibáñez Najar será decisivo: deberá dilucidar si estamos frente a un acto democrático legítimo o una tentativa de plebiscito camuflado.
Con una trayectoria reconocida en el derecho constitucional, el magistrado Ibáñez ha mostrado a lo largo de su carrera un equilibrio entre técnica jurídica y ponderación política. Pero ahora, el margen de maniobra es estrecho. Cualquier error de forma o exceso de fondo en la ponencia podría inclinar la balanza hacia una crisis de legitimidad o, por el contrario, abrir la puerta a una reforma popular de carácter inédito en la historia reciente del país.
Lo que está en juego no es solo la constitucionalidad de un decreto. Es, en esencia, el pulso entre el poder presidencial y las instituciones que lo contienen. En los próximos meses, todos los ojos estarán puestos sobre la Corte, pero sobre todo sobre su presidente, quien no solo deberá leer el derecho, sino también el momento histórico que lo interpela. Jorge Enrique Ibáñez Najar tiene ahora la palabra, y con ella, el peso de una nación expectante.
