La crisis que atraviesan los hospitales de Medellín es un reflejo palpable de la tensión que vive el sistema de salud público y privado del país. Según un reciente informe de la Personería Distrital, las principales instituciones hospitalarias de la ciudad han alcanzado niveles de ocupación alarmantes, con cifras que superan el 100%, lo que pone en evidencia una situación de colapso en la capacidad de atención y el acceso a los servicios médicos esenciales.
El caso más crítico se registra en la Clínica Sagrado Corazón, con una ocupación del 175%, seguida de cerca por el Hospital Pablo Tobón Uribe, que alcanza un 172%. Esta situación no es aislada, ya que otras entidades de mediana y alta complejidad como la Clínica del Prado y el Hospital San Vicente Fundación también presentan tasas preocupantes de ocupación. Estos centros de salud, que prestan servicios especializados en áreas como ortopedia, cardiología y psiquiatría, están siendo desbordados por la demanda de atención, generando un cuello de botella que afecta tanto a los pacientes como al personal médico.
La saturación de la red hospitalaria no es solo una cuestión numérica, sino también una cuestión humanitaria. En Medellín, la falta de espacio y recursos para atender a todos los pacientes ha dejado a más de 130 personas en espera de remisión a otras instituciones. Muchos de estos pacientes provienen de EPS como Savia Salud y Nueva EPS, cuyos afiliados enfrentan retrasos significativos en la atención, lo que aumenta la angustia de quienes requieren cuidados médicos urgentes. Entre las especialidades más demandadas se encuentran ortopedia, psiquiatría, medicina interna y cardiología, lo que refleja las diversas necesidades de atención médica que no están siendo suficientemente cubiertas.
El aumento en la demanda de atención hospitalaria se ha visto exacerbado por una combinación de factores, entre ellos el incremento en la población de Medellín, las secuelas de la pandemia, y la escasez de personal en algunos centros médicos. La situación se vuelve aún más crítica cuando los pacientes requieren tratamientos especializados que no están disponibles en todas las instituciones, lo que obliga a esperar una remisión, proceso que, en muchos casos, puede tardar semanas o incluso meses.
Además, el impacto de esta crisis no se limita solo a los pacientes que necesitan atención inmediata, sino que afecta a todos los ciudadanos que dependen del sistema de salud. La saturación de los hospitales incrementa los tiempos de espera, reduce la calidad de la atención y pone en riesgo la vida de quienes requieren intervenciones rápidas. La Personería Distrital ha hecho un llamado urgente a las autoridades locales y a las EPS para que implementen soluciones inmediatas que garanticen un acceso equitativo y eficiente a los servicios de salud.
Una de las soluciones planteadas por expertos en salud es una reestructuración del modelo de atención, que permita una distribución más eficiente de los recursos y una mejor coordinación entre las EPS y los hospitales. Además, se subraya la importancia de aumentar la inversión en el sistema de salud para mejorar la infraestructura hospitalaria y contratar más personal médico y de apoyo, que pueda hacer frente al creciente número de pacientes.
La crisis en Medellín también refleja un problema estructural a nivel nacional. En muchas regiones del país, los hospitales se ven obligados a funcionar con recursos limitados, mientras que la demanda de atención crece cada vez más. La falta de inversión pública en salud y la creciente privatización del sector son factores que han contribuido a la debilidad del sistema de atención médica, lo que ha dejado a millones de colombianos sin acceso adecuado a la atención que requieren.
En resumen, la situación actual de los hospitales en Medellín exige una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades nacionales y locales. Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para descongestionar las instituciones de salud y garantizar que los colombianos reciban la atención médica que merecen. La salud no debe ser un lujo, sino un derecho garantizado para todos, sin importar su lugar de residencia o su capacidad económica.
