En una ciudad donde uno de cada tres hogares sufre inseguridad alimentaria, el anuncio de la Alcaldía de Medellín de abrir la inscripción para acceder a los bonos alimentarios del 2025 representa mucho más que una simple ayuda. Entre el 21 de abril y el 5 de mayo, los ciudadanos en situación de vulnerabilidad podrán postularse a este programa que busca mitigar el hambre desde un enfoque de dignidad, inclusión y corresponsabilidad.
La iniciativa, liderada por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, prevé beneficiar a más de 15.000 hogares de las 14 comunas y los cinco corregimientos más afectados por la pobreza alimentaria. Para muchos de estos hogares, el bono representa la diferencia entre un plato de comida y la incertidumbre diaria. Cada subsidio tiene un valor de hasta $300.000 para familias y cerca de $100.000 para personas solas, y se entrega varias veces al año dependiendo de la disponibilidad presupuestal.
Los requisitos son claros, aunque excluyentes por necesidad: estar registrado en el Sisbén IV del Distrito, vivir permanentemente en la zona priorizada, ser mayor de edad y no estar recibiendo simultáneamente otras ayudas alimentarias del gobierno local o nacional. Además, quienes se inscriban deben tener disponibilidad para participar en actividades educativas relacionadas con nutrición, salud y autocuidado.
Más allá del subsidio monetario, este programa se inserta en una estrategia más amplia: la Alianza Medellín Cero Hambre, que involucra actores públicos, privados y comunitarios. Desde su consolidación en julio de 2024, esta red ha unido a 40 empresas, organizaciones sociales y plataformas tecnológicas como EatCloud, para enfrentar estructuralmente el hambre en la ciudad, mediante acciones como el rescate de alimentos, las huertas comunitarias y la entrega de vales.
Lo que se juega aquí no es solo una ayuda temporal, sino una respuesta articulada a un problema estructural. Según datos oficiales, el 34 % de los hogares en Medellín padecen alguna forma de inseguridad alimentaria, y más del 10 % enfrentan formas severas. En estos contextos, la ayuda estatal no es asistencialismo, es justicia social. Y programas como este buscan, además, reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La transparencia ha sido una de las banderas de este proyecto. La focalización, basada en datos y en participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo, ha permitido priorizar recursos y evitar que los apoyos terminen en manos que no los necesitan. Para 2025, se destinarán más de $34.900 millones a esta causa, con el objetivo de ampliar la cobertura y hacer más eficiente el proceso de entrega.
No obstante, el reto es inmenso. El hambre no se resuelve solo con bonos, sino con empleo digno, educación alimentaria, vivienda adecuada y oportunidades. Aun así, este tipo de programas son un respiro necesario, especialmente en un país donde millones de familias no tienen garantizado su derecho más básico: alimentarse.
El llamado es claro: si usted o su familia necesitan apoyo, infórmese e inscríbase. Si no lo necesita, infórmese igual y ayude a difundir. Porque combatir el hambre es una responsabilidad colectiva, y Medellín —pese a sus contradicciones— da señales de que aún puede mirar a los más vulnerables sin indiferencia.
