El sistema de salud en Colombia atraviesa una crisis sin precedentes que ha dejado a millones de colombianos preocupados y en espera de respuestas contundentes. En medio de este panorama, el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, se ha convertido en un actor clave para dar explicaciones y señalar las causas que han generado este complejo escenario. En una entrevista reciente con Semana, Rubiano dejó en claro que el propósito de la intervención de las EPS no es su liquidación, sino más bien su reestructuración y saneamiento para asegurar que puedan cumplir con los indicadores financieros, técnicos, científicos y jurídicos establecidos por la ley.
La crisis se ha centrado principalmente en tres problemas recurrentes: la negación de consultas con especialistas, las largas esperas para asignación de citas y las barreras en el acceso a tecnologías y medicamentos. Según el informe del superintendente, las especialidades más afectadas por estas dificultades incluyen oftalmología, ortopedia, traumatología y neurología, entre otras. Además, los reclamos más frecuentes de los pacientes están relacionados con el acceso a medicamentos y tecnologías que son cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que evidencia las deficiencias en el servicio prestado por las EPS.
Los números respaldan las afirmaciones de Rubiano. Durante el periodo de febrero de 2024 a enero de 2025, se radicaron más de 1.6 millones de reclamos ante la Superintendencia. Entre las EPS con mayor número de quejas, destacan Comfenalco Valle, SOS y Capital Salud, lo que refleja un malestar generalizado en la población que ha perdido confianza en el sistema. Las quejas no solo se limitan a la atención, sino que también se extienden a la falta de recursos y a la incapacidad de las EPS para gestionar sus deudas, que superan los 15 billones de pesos con las IPS.
Rubiano también subrayó que una de las causas fundamentales de la crisis es la falta de reservas técnicas por parte de las EPS, lo que les impide hacer frente a sus obligaciones financieras. Esta situación ha generado un círculo vicioso en el que, al no poder pagar sus deudas, las EPS enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos de atención, incluyendo la entrega oportuna de medicamentos y otros servicios esenciales. En este contexto, el superintendente precisó que la intervención de estas entidades busca sincerar sus cuentas y garantizar que puedan cumplir con sus responsabilidades.
En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno, Rubiano explicó que las intervenciones forzosas son una medida de salvamento, no de liquidación. Estas intervenciones buscan reestructurar las EPS para que puedan continuar operando de manera eficiente, asegurando que cumplan con los estándares que la ley exige. Sin embargo, la reestructuración no ha sido un proceso sencillo, y el camino hacia la estabilización financiera y operativa de las EPS intervenidas se presenta largo y complicado.
Uno de los casos más críticos en este momento es el de Audifarma, una de las principales distribuidoras de medicamentos en el país. Rubiano denunció que, a pesar de los pagos realizados por la Nueva EPS por más de 270 mil millones de pesos, Audifarma incumplió en un 87% con la entrega de medicamentos, lo que ha generado un gran malestar entre los pacientes. Esta situación refleja las profundas fallas en el sistema de distribución de medicamentos, que contribuyen a la crisis generalizada en la atención sanitaria.
El Superintendente también destacó que las EPS intervenidas no son el único problema en el sistema de salud. Existen otras 12 instituciones hospitalarias públicas que también han sido sometidas a intervención forzosa administrativa, lo que indica la magnitud de la crisis en todos los niveles del sistema de salud. La falta de recursos, la corrupción, y la mala gestión en las EPS y hospitales están poniendo en peligro el acceso de los ciudadanos a una atención médica digna y oportuna.
Por último, Rubiano concluyó que la situación actual del sistema de salud exige una acción urgente y coordinada entre el Gobierno, las EPS y los prestadores de servicios. La intervención en las EPS es solo un paso en un proceso más largo que debe incluir reformas estructurales en la manera en que se gestionan los recursos y se presta la atención sanitaria en el país. La salud de los colombianos no puede seguir siendo un tema de discusión entre intereses políticos y económicos; es hora de que se prioricen los derechos de los pacientes y se construya un sistema de salud que realmente funcione para todos.
