El anuncio del presidente Gustavo Petro, en el marco de un evento conmemorativo del Día de la Mujer, sacudió las expectativas de muchos al confirmar la desaparición del Ministerio de la Igualdad, una de las promesas emblemáticas de su campaña. En un tono sombrío, Petro se refirió a la «muerte» de esta entidad, creada en su mandato y que fue inicialmente liderada por la vicepresidenta Francia Márquez. La confirmación de su desaparición llega tras la sentencia de la Corte Constitucional que, por vicios de trámite y problemas fiscales, declaró inexequible la ley que la instauraba. Este giro inesperado genera incertidumbre sobre el futuro de las políticas de inclusión y equidad en Colombia.
El presidente no dudó en defender el Ministerio de la Igualdad, asegurando que, a pesar de las críticas y la reciente sentencia de la Corte, esta entidad tiene una relevancia crucial en la lucha por los derechos de las poblaciones más vulnerables del país. Petro lamentó que el Ministerio, que no alcanzó a consolidarse, ya esté siendo condenado a desaparecer. En sus palabras, destacó que este sería el único ministerio que enfrenta esta situación, una «muerte» que le llegó antes de tiempo, sin que haya tenido oportunidad de consolidar sus objetivos o mostrar resultados tangibles.
Con una evidente frustración, Petro acusó a la Corte Constitucional de no haber valorado adecuadamente la importancia de este ministerio en su estructura y en el camino hacia la equidad de género y la inclusión social. Durante su intervención, el mandatario hizo una lista de las entidades que también están bajo amenaza de desaparecer, como el viceministerio de la mujer, el viceministerio LGBTI, y las direcciones dedicadas a los habitantes de calle y las poblaciones étnicas. Esta declaración subraya la magnitud del impacto que la decisión de la Corte tendrá sobre las políticas públicas dirigidas a los sectores más excluidos de la sociedad colombiana.
En su intervención, Petro apeló a la resistencia social. Hizo un llamado a la ciudadanía y a los funcionarios públicos para que se unan a la causa y defiendan lo que él considera una conquista en el ámbito de los derechos humanos. “La única manera de no dejarlo morir es con la gente en la calle”, afirmó, sugiriendo que el poder del pueblo es fundamental para revertir lo que considera una sentencia injusta. Esta invitación a la movilización refleja la tensión política en la que se encuentra atrapado el gobierno, entre el cumplimiento de un fallo judicial y el deseo de sostener una de las políticas más representativas de su gestión.
El fin del Ministerio de la Igualdad no solo simboliza un revés para las políticas de inclusión, sino que también pone en evidencia las complejidades del sistema político y judicial colombiano. La Corte Constitucional argumentó que la creación de la ley adolecía de vicios de trámite, lo que implica que la forma en que fue tramitada no cumplió con los requisitos legales establecidos. Además, los magistrados señalaron que no se había evaluado adecuadamente el impacto fiscal de la nueva cartera, lo que a su juicio podría haber puesto en riesgo la estabilidad económica del país.
A pesar de la decisión de la Corte, el gobierno aún tiene la opción de corregir los errores señalados y presentar una nueva propuesta legislativa en las próximas dos legislaturas. Sin embargo, Petro ha dejado claro que, según su visión, no se harán modificaciones, optando por acatar la sentencia sin intentar alterar el rumbo del proceso. Esta postura refuerza la idea de que el Gobierno prefiere enfrentar los desafíos de la corte en lugar de intentar ajustar la legislación para salvar el Ministerio.
En medio de esta polémica, queda en el aire la pregunta de qué pasará con las políticas que ya estaban en marcha bajo el Ministerio de la Igualdad. ¿Cómo se garantizará la continuidad de los programas destinados a las mujeres, las comunidades LGBTI, los habitantes de calle y las poblaciones étnicas? La desaparición de este ministerio pone en riesgo muchas de las iniciativas que ya estaban en desarrollo y que buscaban un cambio estructural en el acceso a derechos fundamentales.
Este episodio pone de manifiesto las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en Colombia, un país marcado por sus desigualdades y desafíos sociales. La desaparición del Ministerio de la Igualdad podría ser una derrota simbólica para quienes esperaban que este gobierno avanzara en la construcción de una sociedad más equitativa. Sin embargo, también plantea una oportunidad para reflexionar sobre cómo reformar las políticas públicas para garantizar la igualdad sin que dependan de una estructura ministerial que, como ha quedado demostrado, no siempre puede sostenerse en el tiempo.
