El Gobierno Nacional oficializó el Presupuesto General de la Nación para 2025 a través del decreto 1523 de 2024, con recursos asignados por $523 billones. Sin embargo, debido al hundimiento de la Ley de Financiamiento, el monto tendrá que ajustarse, ya que el Ejecutivo no logró conseguir $12 billones necesarios para completar las partidas previstas.
El presidente Gustavo Petro aprovechó la coyuntura para lanzar duras críticas a las comisiones económicas del Congreso que rechazaron la Ley de Financiamiento, calificando la decisión como un obstáculo para garantizar la estabilidad fiscal. “En el decreto de liquidación se expresará cuáles partidas de funcionamiento e inversión se aplazarán en el 2025, mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”, declaró el mandatario.
El ajuste presupuestal se centrará en identificar qué proyectos de funcionamiento e inversión se aplazarán temporalmente, aunque aún no se ha detallado cuáles serán los sectores más afectados. Este recorte genera incertidumbre, especialmente en áreas clave para el desarrollo social y económico del país.
El presupuesto, que originalmente buscaba fortalecer los programas de justicia social, infraestructura y seguridad, ahora deberá reconfigurarse para responder a la falta de recursos. Desde el Ejecutivo, insisten en que las medidas adoptadas no comprometerán las metas centrales del Gobierno, aunque reconocen el impacto que tendrá este ajuste en la ejecución de algunos planes.
La polémica en torno a este tema sigue creciendo, especialmente después de las declaraciones de Petro, que señaló intereses oscuros detrás de la decisión del Congreso. Las acusaciones han reavivado el debate sobre la relación entre el Gobierno y el Legislativo, evidenciando tensiones que podrían influir en futuras discusiones presupuestales y reformas estructurales.
Con el presupuesto oficializado y los ajustes en camino, 2025 se vislumbra como un año de grandes desafíos para la administración Petro, que deberá buscar alternativas para asegurar los recursos faltantes y cumplir con sus compromisos en un escenario de creciente presión política y económica.
