El caso de las supuestas chuzadas a magistrados de la Corte Constitucional sigue generando controversia y complicaciones para el gobierno del presidente Gustavo Petro. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien fue el primero en denunciar estas prácticas, ha declarado durante cuatro horas ante el coordinador de fiscales de la Corte Suprema de Justicia, confirmando que los seguimientos han afectado no solo a él, sino también a su familia y a los magistrados auxiliares de su despacho.
A esta denuncia se suman las realizadas por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes también aseguran haber sido objeto de seguimientos ilegales. Las altas cortes han expresado su pleno respaldo a Ibáñez, al igual que la JEP ha apoyado a sus propios denunciantes.
En respuesta a estas acusaciones, la Procuraduría ha iniciado una investigación contra funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia. Además, el Departamento Administrativo de la Presidencia ha abierto una investigación interna en las oficinas de la Casa de Nariño para esclarecer la situación.
El presidente Petro ha calificado las denuncias como parte de una campaña de desinformación, acusando a los medios de actuar como una “prensa Mossad”, en referencia al servicio de inteligencia israelí. Petro ha argumentado que, si el magistrado Ibáñez ha recibido mensajes de WhatsApp con esta información, es víctima de grupos de extrema derecha que buscan desestabilizar las relaciones tanto dentro del Gobierno como con las otras ramas del Estado.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, ha desestimado las acusaciones, calificándolas como rumores y fabricaciones de la prensa. González ha afirmado que durante el gobierno de Petro no se ha ordenado ni una sola chuzada.
