La crisis en la salud del magisterio colombiano sigue empeorando, con los actores gubernamentales inmersos en una creciente maraña de acusaciones y evasiones de responsabilidad. En medio de este caos, los 820 mil profesores afectados ven cómo sus necesidades de atención médica quedan en segundo plano.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido especialmente criticado por su manejo del problema. Con cada declaración pública, Jaramillo parece complicar más la situación, intentando evitar cualquier responsabilidad del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el presidente de Fiduprevisora, entidad encargada de la administración de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), ha afirmado que solo estaba cumpliendo órdenes presidenciales.
En una intervención reciente, Jaramillo no solo negó tener conocimiento previo de los problemas inminentes, sino que también insultó al ministro de Hacienda, exigiéndole que se involucrara en la solución del conflicto. A pesar de sus declaraciones, pruebas presentadas por otros funcionarios han señalado al ministro de Salud como el principal responsable del desorden actual.
Mientras tanto, todos parecen estar dando órdenes contradictorias, sin considerar que gestionar la salud de tantos maestros requiere tiempo y el cumplimiento de las leyes y normas establecidas. Jaramillo, sin embargo, ha pedido que se pasen por alto algunas de estas normativas en busca de soluciones rápidas.
En un intento por resolver la situación, la Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido, ordenando a Fiduprevisora y al Fomag que atiendan de inmediato las más de 2.100 quejas presentadas por los profesores. La Supersalud ha dado un plazo de 72 horas para que se tomen medidas concretas y efectivas.
