El ministro dice que la medida no es legal y que la procuradora debe declararse impedida para atender una revisión solicitada y revocar de inmediato la misma.

Sigue la tensión en el país político, por el desacato que ha hecho el canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, a la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación, de apartarlo de su cargo, por un periodo de 3 meses, por los problemas en la contratación de los pasaportes.

Mientras Leyva alega que la decisión de la procuradora Margarita Cabello Blanco es ilegal y le pide revocar de inmediato la misma, la Procuraduría anunció que el próximo 15 de febrero iniciará el juicio disciplinario contra el canciller. Ese día, el ministro tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y tratar de desvirtuar las acusaciones de la Procuraduría, por el caso de los pasaportes.

“Las suspensiones que emite la Procuraduría General de la Nación, son de cumplimiento inmediato y no tienen apelación alguna. Desafortunadamente la actitud tanto del canciller, como del presidente, riñen con ese mandato de respetar la constitución y la ley”, afirmó el exsenador, Luis Fernando Duque García.

Entre tanto, el exmagistrado, presidente del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía Mejía, señaló que él hace parte del grueso de colombianos que no está de acuerdo con que exista una institución como la Procuraduría, pues esta entidad no cumple con ningún papel.

“Si eso fuera tan eficiente, como debiera ser, en el país no debería haber corrupción o como decía Turbay debería estar ‘en sus justas proporciones’, dijo Guillermo Mejía Mejía.

“Las decisiones de la Procuraduría hay que cumplirlas, eso es innegable. Sustraerse a una orden de este tipo, es entrar en un ‘campo minado’ muy complicado”, agregó Mejía Mejía, quien indicó que, con la actitud del canciller colombiano, no solo podría salir sancionado disciplinariamente con una destitución, sino que también puede entrar en el campo penal, por desconocer una norma jurídica. 

Entre tanto, el representante a la cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, decidió acudir a la justicia colombiana, en virtud de una acción de cumplimiento, para que sean los jueces los que obliguen al gobierno nacional y al propio Leyva, a aceptar la decisión de una institución legítima, dijo el congresista.

Los decretos que ha firmado Álvaro Leyva Durán, en los últimos días, podrían tener vicios de nulidad y ser demandables ante el Consejo de Estado.

El desacato por parte del Canciller, Álvaro Leyva Durán, no es buen ejemplo para el resto de funcionarios de ese Ministerio, porque pueden pensar que, si el ministro no cumple, ellos tampoco.